¿Y LOS DINEROS PÚBLICOS?

DE FRENTE Y DE PERFIL

RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

En los tiempos en que se subastan los bienes decomisados a la delincuencia organizada (joyas, casas, vehículos y otros enseres), surge la interrogante sobre lo que sucede con aquellos recursos públicos que eventualmente desvían los funcionarios gubernamentales y qué pasa con las multas que les son aplicadas.

Si de recursos se trata no hay comparación entre lo que se decomisa a los grupos delincuenciales y lo que eventualmente distrajeron gobernantes y servidores públicos, que representan desvíos cuantiosos.

La llamada “Estafa Maestra” se basa en el uso de recursos públicos mediante el uso de un sistema de 128 empresas fantasma, mediante las que el Gobierno Federal Mexicano desvió más de 400 millones de dólares con una red de desvíos de dinero que involucró a 11 dependencias del Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno.

De acuerdo con la información existente, todo se originó con el informe de la ASF sobre las cuentas públicas del gobierno federal en 2013-2014 y desató un escándalo sin precedentes, aunque a la fecha no ha se ha ejecutado ninguna detención sobre el caso, que fue clarificado mediante una investigación periodística.

Basados en el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la red de desvío se le califica como “fraude” y “corrupción”, mientras que el Servicio de Administración Tributaria inició una investigación que al principio involucró a 38 empresas.

En la actualidad, la ex secretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Rosario Robles, comparecerá el próximo  jueves, requerida por la autoridad. Por lo pronto a Robles y al ex oficial mayor de esas dependencias, Emilio Zebadúa, se les congelaron cuentas bancarias por instrucciones de la Unidad de Investigación Financiera.

Si se les demuestran delitos a la ex secretaria y a otros funcionarios involucrados, supuestamente, en esta red de desvíos, cómo se rescatará esa impresionante suma de la que se dispuso.

Sucede algo similar con la multa que le fue aplicada a José Manuel Carrera, ex director de PMI Comercio Internacional, por causar daño al erario mediante la compra (tres veces por encima de su valor) de la empresa Agronitrogenados. La multa supera los cuatro mil millones de pesos.

El delito que se le adjudicó al tabasqueño fue corrupción, por lo que incluso se le inhabilitó por 10 años en el servicio público.

Como ellos otros ex servidores públicos y ex gobernantes han sido acusados de delitos varios que van desde corrupción, desvío de recursos, etc, cuyas multas son casi siempre exorbitantes, pero que no son cubiertas, pues después de ser detenidos, al poco tiempo salen libres y con sus bienes intactos.

Si esos recursos desviados de los que son acusados diversos personajes de la vida política son recuperados, aunque no sea en su totalidad, se podría ampliar la oferta del gobierno en sus puntos sensibles, como el combate a la pobreza y otros programas.

2.- Terrible lo que acontece con frecuencia en Estados Unidos en materia de violencia y más cuando se trata de crímenes de odio. En México suceden cosas similares y hasta mayores, pero sin ese sello y siempre adjudicadas a los enfrentamientos entre grupos delincuenciales.

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